La demanda por un nuevo sistema de pensiones se instaló con fuerza durante la revuelta popular y el sistema de pensiones ha sido uno de los temas más importantes del debate para una nueva Constitución.

La consigna «No + AFP» ha sido el nombre de un amplio movimiento social que tuvo su comienzo en Chile después de la crisis financiera del 2008 la cual golpeó fuertemente los fondos de pensiones. Organizaciones sindicales, trabajadoras y trabajadores en distintas partes del país salieron a denunciar la especulación financiera con sus ahorros. En 2012, diferentes organizaciones se agruparon en la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP. En numerosos encuentros desarrollaron una propuesta alternativa al sistema de capitalización individual de las Administradoras Privadas de Pensiones (AFP): Un sistema de reparto solidario, tripartito y público.

El nuevo texto Constitucional establece que «toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad» (Art. 45.).

Una nueva política de seguridad social

El Estado definirá una nueva política de seguridad social, financiada «por trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación». A diferencia del actual sistema de capitalización individual, la nueva Constitución promueve que «los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema» (Art. 45.3).

Si bien el nuevo texto no define cuál será el nuevo sistema de previsión social, sin duda abre la posibilidad de transitar desde el actual sistema de capitalización individual a otro que sea acorde a las exigencias planteadas por las organizaciones y movimientos sociales.

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